Paradigma de la desvergüenza, pozo sin fondo para el dispendio, la autonomías españolas se han revelado como una de las mayores estafas económicas y democráticas sufridas por los españoles en el siglo XX y lo que va de XXI. La mayoría de los ciudadanos lo saben, y así lo manifiestan en las encuestas de opinión.
La Constitución Española estableció en 1978 un régimen casi-federal, con 17 parlamentos autonómicos y 17 administraciones dotadas de competencias exclusivas y compartidas. El problema estaba servido —se llamó 'café para todos'—, pues, así como la frugal administración del Estado español tenía experiencia secular en persistir ordenando la vida social a resguardo de los regüeldos políticos (cosa usual con ejemplos como el belga, que ha estado sin gobierno 18 meses y ha seguido funcionando mejor que con él), las 17 administraciones autonómicas nacían politizadas, partidarias, bisoñas, derrochadoras, separatistas algunas, oscurantistas e ineficientes todas. Y empezó el disloque intelectivo-emocional y el derroche de la corrupción culminado con magnos edificios, aves, aeropuertos, autopistas y tranvías ruinosos, de onerosa construcción y que no utiliza nadie.
El modelo autonómico español lo parió técnicamente un tal Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, joven y gris funcionario, “experto” en constitucionalismo. En realidad, el experto se doctoró en 1965 con una tesis sobre el Derecho Constitucional surgido tras la descolonización. ¿Cuántas constituciones había redactado hasta entonces? Respuesta: Una. La de Guinea Ecuatorial, paradigma y calco de la nuestra, a orden del ministro Castiella, en 1968. Es decir, que la Constitución de 1978 trató a los españoles lo mismo que España había tratado en la descolonización de Guinea a tribus africanas enfrentadas por cuestiones raciales y de poder a corto plazo. Como premio a tan soez ineficacia y traición a la racionalidad, Miñón fue nombrado miembro permanente del Consejo de Estado. Y ahí sigue.
De la parida mental de los "padres de la patria" surgen los 17 presidentes, los 1.117 diputados autonómicos que paren leyes clonadas de las del Estado ( u osan reformar sus estatutos estableciendo la negociación bilateral con España, como medida previa a la secesión), pero en las diversas lenguas españolas (¿acaso no bastaba con los 1.250 diputados provinciales con sus 43 presidentes al frente?), los 17 tribunales superiores de justicia, un número de funcionarios que iguala al del Estado y todos los municipios juntos, y los 17 asaltos políticos a las cajas de ahorros regionales. Tales maquinarias de endeudamiento y dispendio de dinero público fungen, hablando claro, como 17 estados federales con un mismo problema inexorable: no tienen tamaño ni recursos para subsistir como estados y son, por lo tanto, un flagrante fraude de ley que hace a los españoles desiguales en cuanto se cruza una frontera virtual, un río o un monte. El engendro son 17 máquinas de expoliar que consiguen, por ejemplo, que las tasas que paga un camión de carga desde Algeciras a la frontera de La Junquera sean el doble de las que paga desde La Junquera a Estocolmo. Una pifia sólo útil para alimentar al fondo de reptiles de toda una casta política que es carne de juzgado y debiera de serlo de penitenciaría estatal durante los próximos lustros: los casos de corrupción en Cataluña (el famoso tres-per-cent —3%, que era en realidad el 10%—), en Valencia (el caso mal llamado de “los trajes”, que es, en realidad, una inmensa trama de corrupción para la financiación ilegal del Partido Popular, con evasión de capitales a paraísos fiscales, lo mismo que el asunto Palma Arena, que salpica a la familia real), los casos Filesa o “campeón” (que son lo mismo, pero para el PSOE), el pudridero cordobés de “la Sultana” (con uno de los casos de especulación inmobiliaria más sangrantes, similar al de Castilla La Mancha, el de la ciudad fantasma del Pocero), etc. No nos extenderemos, pues los casos son miles: en todos los partidos, nacionales o regionales; mayoritarios o de vocación bisagrista.
Ahora toca corregir el error, que tan bien le vino a los políticos para asaltar y expoliar el Estado, al que han dejado seco, endeudado hasta el esperpento (por eso, a sabiendas, pactaron con el PSOE (¿no era su polo ideológico opuesto?) y aprobaron de consuno los populares, el 2 de septiembre de 2011, fecha para constar en los anales de la infamia, una reforma constitucional por la que España renuncia para siempre a su Inmunidad Soberana, y queda a merced de sus acreedores, la Banca Internacional de los que bien conocemos. El Gobierno debe aprovechar la España azul monocolor y liquidar las autonomías ya. Lo van a tener que hacer de todas maneras tarde o temprano, pues no son más que un obstáculo para que el dinero del Estado llegue a los municipios (las instituciones estatales más próximas a los ciudadanos), ya suficientemente asfixiados por su propia incompetencia y dispendio, fraguada al amparo y la falta de control de la administraciones autonómicas, más interesadas que en controlarlos, en que sus propias cuentas no sean husmeadas por el Estado.
El procedimiento para liquidar las autonomías son los referenda en cada comunidad autónoma tras campañas de información veraces, profundas y realistas. Ya sabemos que Cataluña y el País Vasco son dos engendros creados al amparo de la manipulación emocional de una pequeña parte de sus poblaciones en beneficio de las oligarquías regionales. Déjense ambas autonomías tranquilas como bebés recién amamantados para el final. Liquídense las 15 autonomías bajo la égida del PP (Asturias y Navarra son, en realidad, del PP también), intégreselas en el Estado. Y oblíguese por Ley a la igualdad de derechos de los españoles en todas las comunidades autónomas. Y espérese a que se pudran las dos últimas, las de los ensoñadores de quimeras estatales para sus 'naciones', al son de sus manirrotas y folclóricas proclamas.
Las cosas jamás debieron haberse hecho como decidieron los 'padres de la Constitución', Herrero de Miñón, Cisneros, Pérez Llorca, Fraga, Peces-Barba, Solé Tura y Roca(*). La Transicion del 78 debiera haber creado una administración central y municipal sin otra excepción que la reposición de la Generalitat como un elemento decorativo formado por los diputados provinciales de Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida, sin elecciones específicas y sin competencias en seguridad ciudadana, economía, sanidad o educación. En cuanto al País Vasco, no pedía éste en 1978 autonomia ni la necesitaba, porque desde siempre ha sido autónomo merced a sus fueros, lo mismo que Navarra. Por eso el PNV está tan tranquilo con que el tándem López-Basagoiti usurpe la Lehendekaritza, ente ornamental que oculta que las diputaciones forales vascas tienen el verdadero poder que les da la recaudación del dinero y el cupo.
Ésa debió de haber sido España constitucional de 1978: frugal y eficiente, con acceso a la función pública por razones de mérito y capacidad, mediante oposiciones lo más duras posible –y no como ahora, con acceso al interinaje a nepotista dedo con posterior consolidación de plaza en oposiciones trucadas, y donde se asciende en razón del servilismo a la casta politica–. Y haber dispuesto de un tercio de los funcionarios actuales –que son ya 4.500.000, a los que hay que sumar contratados laborales, funcionarios interinos, contratados por obra o servicio y trabajadores de las empresas públicas hasta un total de más de 9.000.000 de apalancados al trabajo mínimo, que es aquél que hace el más gandul de sus compañeros sin que llegue a ser sancionado--, pero que estuvieran, a cambio, bien pagados y sujetos a un régimen disciplinario exigente y justo.
Puede que el Gobierno se pregunte: “¿Y qué hago con tanto excedente?” Pues es muy simple. Ya lo recomendamos aquí y lo ha puesto en marcha Valencia, aunque solamente con interinos y eventuales: largarlos a casa a media jornada cobrando la mitad. Eso va a tener que hacerlo el Gobierno con la mayoría de los que, mano sobre mano, parasitan al Estado, mientras se degradan personalmente cada día más. Y quede claro, no salvamos de la quema a “los intocables”, sanitarios y enseñantes. Más de lo mismo. Las bajas laborales de ambos colectivos son escandalosas, plagadas de 'depresiones' y de enfermedades crónicas sin fin, hasta la jubilación anticipada.
Si además se expulsa a los partidos y a los sindicatos del Estado (ya se ha movido el Gobierno en esa dirección, reduciéndoles las subvenciones un 20%), empezará España a ver la luz de la salida del negro túnel en el que está –que no es túnel, sino cloaca, considerando la peste–, permitiendo que los españoles trabajemos sin la espada de Damocles que representa un administración cuádruple que rivaliza en vampirizar nuestros exangües bolsillos. Y nos da igual que el ministro Montoro nos amenace con inspecciones supitañas y con prohibiciones de manejar dinero en efectivo o con la retirada de los billetes de 500 euros, porque la mayoría de nosotros no hemos visto uno de esos billetes más que en retrato. Así que póngase el Gobierno a trabajar con la cizalladora, porque esta juerga autonómica se la va a costear su puta madre.
FÉLIX UDIVARRI
(*) En la foto. Miñón es el antiparrado niñato repipi de atrás, de pie, al fondo.
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