CORRUPCIÓN Y RENTA

Se hacen eco hoy algunos diarios de la reciente publicación de la encuesta de Transparency International, coalición global contra la corrupción, que refleja el Índice de Percepción de Corrupción por parte de los ciudadanos de casi todos los países del mundo. Las fuentes para dicha evaluación son diversas, no el simple resultado de una encuesta de opinión entre la ciudadanía. Evaluados entre cero y diez, sólo hay siete países con calificación de sobresaliente (9 o más puntos), que son Finlandia, Islandia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Singapur, Suecia y Suiza. Entre dichos países, hay tres monarquías , una confederación, una República Parlamentaria, una República Constitucional y hasta un régimen demo-autoritario. Si bien en cuanto a renta per cápita, esos mismos siete países están entre los veinticuatro primeros del mundo, y en paridad por poder adquisitivo, entre los veintinueve primeros (números 12, 5, 29, 9, 18, 16 y 7), parece no existir correlación significativa entre bienestar y transparencia de un régimen. Tampoco los motivos parecen religiosos o étnicos.

No siendo la transparencia cosa ni del tipo de régimen político
ni del nivel de vida absoluto o relativo, ¿de qué puede depender? Existe un concepto -evaluado, entre otros estamentos, por la CIA norteamericana- que valora la equidad de distribución de la renta y que se denomina Índice de Gini. Ordenando en abscisas a todos los habitantes de un país por renta de menor a mayor y en ordenadas dicha renta acumulada, es el cociente entre dos áreas: el área numerador la integral de la curva de Lorenz de esas rentas; y el área denominador, la del triángulo de la distribución perfecta de rentas. Pues bien, parece existir, en efecto, una relación inversa entre el Índice de Percepción de Corrupción y el Índice de Gini.

La conclusión sería entonces que, independientemente del sistema político que adopten, las sociedades con altos niveles de renta per cápita, y distribuciones muy equilibradas de ésta, son las menos corruptas. El estudio sitúa a Italia (con su tangentópolis) como el primer país que no “aprueba”, es decir, que no llega a cinco puntos. España, como es obvio, tampoco cumple demasiado bien dichas condiciones, aunque no acaba tan mal parada, teniendo en cuenta que aparece en el número 23 del mundo, justamente detrás de los EEUU.

(Artículo para el Diario Español de la República Constitucional. No publicado.)

(ADENDA:

—¡Tres monarquías entre los siete países menos corruptos del mundo! —exclamó MessageInOut, que era un repúblico irredento— ¡Maldita sea! Pero la verdad es tozuda. No tienen nada que ver régimen monárquico y corrupción...
—Bueno, estadísticamente no —respondió el de los pies ligeros—. Pero, cuando no existía la Estadística, había gente que sí lo pensaba. Entre ellos Montesquieu.)

EL DERRUMBE

Mientras la Bolsa se desploma en España, dejando patente que no es más que otro artilugio para asaltar las cuentas del pequeño inversor —fraude encubierto para medro de los magnates que disponen de información privilegiada—, la Monarquía Orgánica de Partidos, al servicio del Poder Único financiero, muestra sus vergüenzas, su cinismo y su ilimitada capacidad para adulterar la verdad. En España, según los socialistas del neo-PSOE de Zapatero, la situación económica es envidiable, al margen de “algún día puntual” —por indubitable, suponemos; por lo demás, todos los días son puntuales— en que alguna malhadada “conjunción de elementos” engendra una caída de más de 1.000 puntos en el Ibex.

Queda finalmente claro: la crisis inmobiliaria no es sino crisis financiera, lo que no entraña la ruina de los banqueros, sino la de sus deudores, de los fondos de los ahorradores, de los empresarios y, en general, de todas las víctimas del sistema bancario internacional. Los bancos, con su tejemaneje de concesión de créditos de forma expansiva con cargo a los depósitos a la vista, han creado tanto dinero meramente especulativo esta vez, han provocado tal crisis económica, que van a verse obligados a ostentar la propiedad de buena parte del planeta Tierra. Los ciudadanos habremos de ser meros arrendatarios, testaferros o administradores de las colosales propiedades de la Banca. Y la cuenta completa de esta ronda, como de todas las demás, la pagaremos los propios saqueados. Nada nuevo bajo el sol.

El brete es producto de la falta de control ciudadano de la cosa pública, consecuencia del sistema partitocrático, de la inseparación de poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial son Uno, Omnipotente e Impune); de las concesiones de los partidos a la Banca a cambio de financiación, que, en España, alcanzan cotas intolerables. En efecto, los Botín, González, Fainé, Ron, Blesa o March son los verdaderos dirigentes de la política económica española —con todas sus resultas sociales—, por más que los títeres como Solbes aparenten actividad intelectual útil. Por eso, la Ministra Chacón dedica sus dineros a proteger el patrimonio inmobiliario de algunas grandes empresas en suspensión de pagos técnica (pero que no pueden ser embargadas por los bancos), en vez de defender los intereses de los españoles, asfixiados por las hipotecas. Como colofón a tanto impudor, apesta la actitud de la oposición del PP, que, maniatada por sus amos capitalistas para denunciar el fraude, no puede tomar ventaja de la absoluta incompetencia del PSOE en el campo de la Economía, en flagrante dejación de su responsabilidad ante la incautación de media España por parte de la Banca.


MessageInOut

(Artículo para el Diario Español de la República Constitucional. No publicado).

LA ABSTENCIÓN

Una abstención suficiente el 9 de marzo puede abrir el proceso pre-constituyente de la III República. Entonces la apariencia de legitimidad en que basa su autoridad el poder político se disolverá como niebla al calor del sol, y la situación será tan insostenible, que los españoles tendrán que buscarle la salida más elegante y positiva, al margen de los actuales partidos.

La Partitocracia española llama esta vez a las urnas en el ápex del posibilismo, inmersa en una crisis moral y económica sin precedentes, en la posición más débil desde el golpe de estado de 1981. En los pactos postelectorales para investir presidentes ha valido todo ya, con tal de llevar a la oposición al rival político. Sin disimulo, la pugna por el poder, por la bolsa de la corrupción, por los regalos de la Banca, ha sido a muerte. Tras las manipulaciones denigrantes de los partidos entre el 11 y el 14 de marzo de 2004, después de cuatro años de política infamante, Gobierno y oposición han producido una crisis insalvable en la Monarquía de Partidos. El Poder, como en las dictaduras, trata de maquillarlo en los medios de comunicación a base de marketing financiado por el propio Estado, o subvencionando el voto; pero, sobre todo, mediante la conmoción social y la incitación al odio, que sabe poderosos vectores hacia las urnas.

Los políticos entienden que este Régimen salido del franquismo —sin período constituyente, sin alternativa: “Aquiesce, o revienta”— ha heredado su ilegitimidad. La clase política franquista, simbolizada por el Rey, y apoyada por los partidos en la clandestinidad, acabó con todas las expectativas de ruptura digna con la tiranía. Treinta años después, es la Monarquía la que se tambalea, entre los afanes reformistas republicano federales del Estado de los unos y los contra-nacionalismos reformistas de la Constitución de los otros, porque la crisis del Estado monárquico ha sido provocada por los nacionalismos republicano-independentistas en permanente contubernio con el Gobierno.

Ha llegado el momento del desplome. La bestia negra de la oligarquía de partidos es la abstención, tanto la técnica como la activa. La primera se sigue de 30 años de cultivo de la ignorancia y del frío pragmatismo (la abstención como racionalización del costo-beneficio); la segunda se fundamenta en que, siendo el voto un derecho democrático, la abstención es un deber, en ausencia de democracia; y si ningún ciudadano decente vota en una dictadura, tampoco puede hacerlo en una predemocrática oligarquía de partidos. No hay, pues, alternativa a la abstención. El voto nulo o en blanco podrá ser manipulados por los partidos; pero la abstención, nunca, porque ilegitima las propias urnas que invisten el engaño de las listas de partidos.

FORJANDO LISTAS

La noticia carece de relevancia en una España políticamente putrefacta. Rajoy ha depuesto del cartel electoral de Madrid a sus dos delfines, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, por el trillado recurso del careo cainita. Tras comprobar el berrinche del Alcalde de Madrid y el solaz de la Presidenta de la Comunidad Autónoma, capaz de quedarse tuerta con tal de dejar ciego a su rival, un somero análisis nos ubica en lo sustancial: las selladas listas electorales no son —ni pretenden siquiera aparentarlo— el resultado de ninguna clase de proceso de democracia interna en el seno del PP —ni en el de ninguno de los demás partidos españoles, añado—, sino de la decisión arbitraria del jefe del partido. Y éste, lo que ha procurado es salvar su propia colocación ante la hipótesis, más que probable, de que no consiga gobernar España tras el 9 de marzo. Luego, al margen de la Constitución, que obliga a los partidos a la democracia interna, ha declarado que el PP y su Presidente son independientes, y que no tiene que dar explicaciones más que a los españoles.

A esos nada democráticos efectos, Rajoy ha actuado con saturnal coherencia, eliminando de la sucesión a los mejor colocados para desbancarlo tras su eventual fracaso — "He hecho lo que es mejor para mí. Quiero ser presidente", ha declarado con desvergüenza— . Y ha impuesto a dedo, como número dos de la lista por Madrid, a un rico empresario que ni siquiera es del Partido Popular, don Manuel Pizarro, cuyo currículo incluye un triunfante órdago al poder socialista en la opa de Gas Natural a Endesa, de lo que los votantes populares deben inferir que va a ser un gran Ministro de Economía. Eso es tanto como exigir que a un espectador que arroja una botella sobre un delantero del equipo visitante haya que hacerlo portero del equipo local.

Con la sangre aún caliente por el soponcio, Ruiz Gallardón ha amenazado con dejar la política, algo tan irrisorio como inverosímil. No es probable que el Alcalde de Madrid sepa hacer a estas alturas de su vida otra cosa que ejercer de mandarín y ordenar el gasto de los Presupuestos públicos; ni que se avenga a trabajar como un ciudadano corriente, al albur de los ciclos económicos orquestados por la banca. Lo que don Alberto hará es, a pesar de estar salpicado por el peor caso de corrupción que se recuerda entre un funcionariado municipal —ante el que ha alegado inaudita, por negligente, ignorancia—, seguir adherido al momio de la Monarquía de Partidos sine die, hasta su defunción y sepelio, que se cumplirá con gran boato y duelo oficial, no nos quepa duda. Hasta entonces, seguirá aparentando —como el resto de los partitócratas— que el estar o no en una lista de partido tiene algo que ver con la Democracia.

EL VALOR DE LA VIDA

Consubstancial al régimen partitocrático español es la corrupción financiera de los partidos, voraces y manirrotos, por parte de la Banca. La financiación arbitraria —las condonaciones “legales” de intereses de la deuda, por ejemplo— la devuelven los partidos en el poder con irregularidades en las concesiones y con la promulgación de leyes dictadas en la sombra por la plutocracia bancaria. La factura final la sufragan los españoles con excesos tarifarios, abusos impositivos y hasta con sus propias vidas.

La prensa nos ha hecho conocer algún ejemplo sangrante, como la condonación de seis millones de euros en intereses de la deuda al PSC por parte de La Caixa, que supuso el apoyo de Montilla (entonces Ministro de Industria; hoy President de la Generalitat) a la OPA de Gas Natural a Endesa, con el resultado último del reciente aumento de tarifas energéticas. Pero todos los partidos están en el ajo. Y, en general, los beneficios adicionales para las entidades financieras, a través de esos momios, son cientos de veces el valor de los créditos irrecuperables. La corrupción es un negocio redondo.

Hay casos aún más execrables. Los partidos en el poder, ávidos de financiación, prevarican, con burdos pretextos, con la ampliación de las concesiones de ciertos tramos de autopistas de peaje —que ya debieran ser libres, por amortizados— a empresas concesionarias participadas por entidades financieras que son, en general, sus socios de referencia. La corrupción, en estos casos, deviene homicida cuando las alternativas a los tramos de peaje no liberados son carreteras deficientes y peligrosas por las que circulan los utilitarios de quienes no pueden permitirse pagar las abusivas tarifas. La consecuencia es que fallecen en esas infra-vías algunas personas que, caso de haber transitado por las autopistas que debieran haber sido gratuitas, seguirían vivas.

El valor que cada uno de estos muertos representa para la entidad crediticia puede saberse dividiendo cada año los beneficios añadidos de su participación en las concesionarias de esos tramos por una cierta fracción del número de muertos habidos en accidente en las vías alternativas. Eso es lo que vale una vida humana para el capital; y no es un valor tan alto como cabría esperar de tan dignas entidades, algunas de ellas “con finalidad social”. Pero aún peor sale la otra cuenta: lo que obtienen los partidos por cada muerto. La respuesta, tras dividir el valor de esas míseras dádivas por el número de fallecidos en los 25 años que se mantendrá el peaje renovado, es una cifra tan mezquina que provoca náuseas.

Así que, dado que estamos ya en campaña electoral para las Generales de marzo, juzgo lícito y oportuno que, sobre cada una de esas tétricas cruces metálicas que, adornadas con secas flores, plantan al borde de las carreteras las familias de los fallecidos, se cuelguen carteles que recen simplemente: “La corrupción mata. El 9 de marzo, no votes”.