EL VALOR DE LA VIDA

Consubstancial al régimen partitocrático español es la corrupción financiera de los partidos, voraces y manirrotos, por parte de la Banca. La financiación arbitraria —las condonaciones “legales” de intereses de la deuda, por ejemplo— la devuelven los partidos en el poder con irregularidades en las concesiones y con la promulgación de leyes dictadas en la sombra por la plutocracia bancaria. La factura final la sufragan los españoles con excesos tarifarios, abusos impositivos y hasta con sus propias vidas.

La prensa nos ha hecho conocer algún ejemplo sangrante, como la condonación de seis millones de euros en intereses de la deuda al PSC por parte de La Caixa, que supuso el apoyo de Montilla (entonces Ministro de Industria; hoy President de la Generalitat) a la OPA de Gas Natural a Endesa, con el resultado último del reciente aumento de tarifas energéticas. Pero todos los partidos están en el ajo. Y, en general, los beneficios adicionales para las entidades financieras, a través de esos momios, son cientos de veces el valor de los créditos irrecuperables. La corrupción es un negocio redondo.

Hay casos aún más execrables. Los partidos en el poder, ávidos de financiación, prevarican, con burdos pretextos, con la ampliación de las concesiones de ciertos tramos de autopistas de peaje —que ya debieran ser libres, por amortizados— a empresas concesionarias participadas por entidades financieras que son, en general, sus socios de referencia. La corrupción, en estos casos, deviene homicida cuando las alternativas a los tramos de peaje no liberados son carreteras deficientes y peligrosas por las que circulan los utilitarios de quienes no pueden permitirse pagar las abusivas tarifas. La consecuencia es que fallecen en esas infra-vías algunas personas que, caso de haber transitado por las autopistas que debieran haber sido gratuitas, seguirían vivas.

El valor que cada uno de estos muertos representa para la entidad crediticia puede saberse dividiendo cada año los beneficios añadidos de su participación en las concesionarias de esos tramos por una cierta fracción del número de muertos habidos en accidente en las vías alternativas. Eso es lo que vale una vida humana para el capital; y no es un valor tan alto como cabría esperar de tan dignas entidades, algunas de ellas “con finalidad social”. Pero aún peor sale la otra cuenta: lo que obtienen los partidos por cada muerto. La respuesta, tras dividir el valor de esas míseras dádivas por el número de fallecidos en los 25 años que se mantendrá el peaje renovado, es una cifra tan mezquina que provoca náuseas.

Así que, dado que estamos ya en campaña electoral para las Generales de marzo, juzgo lícito y oportuno que, sobre cada una de esas tétricas cruces metálicas que, adornadas con secas flores, plantan al borde de las carreteras las familias de los fallecidos, se cuelguen carteles que recen simplemente: “La corrupción mata. El 9 de marzo, no votes”.