LA CORRUPCIÓN ARRANCA DE LAS URNAS

El origen de toda la corrupción social española procede de la corrupción política de este postfranquismo que nunca fine, del ejemplo que un grupo de personas, escogidas supuestamente para defender los derechos de la ciudadanía, ofrecen a ésta. Y el mensaje que le envían es bien claro: “¡Hay que trincar todo lo que se pueda en el menor tiempo posible!”. Porque la corrupción, sabedlo, no es únicamente un efecto colateral de la existencia del capital, usado
a espuertas por sus fabricantes, la élite financiera, para corromper; sino la consecuencia inexorable del mecanismo electoral español que no sólo permite la corrupción, sino que la fomenta.

La Constitución Española de 1978 pone la primera piedra de la corrupción institucionalizada cuando proclama que los derechos políticos de los españoles sólo pueden ser canalizados a través de los partidos. Es decir: que el ciudadano puede votar a un partido o a otro, pero ahí terminan sus derechos políticos, ¡y que se atenga a las consecuencias después de votar, porque es el garante último de los errores, los dispendios y las corruptelas de la clase política entera!

La segunda piedra angular es la Ley Electoral, ésa que desarrolla el asunto de las urnas, que consagra el sistema proporcional. Significa eso que el representante de cada ciudadano no es una persona concreta —ante la que se pueda protestar o exigir el cumplimiento de promesas electorales, y a la que se pueda llegar a deponer mediante un procedimiento legal y ágil en caso de corrupción—, sino un partido político que obtiene unos cuantos diputados en la provincia concreta en la que vota el ciudadano. Un partido que sólo puede ser censurado, tras cuatro años soportando sus desmanes, no votándolo en las siguientes elecciones. Pero así —dicen los defensores del sistema— ¡no se “pierde el voto” ciudadano! A fin de cuentas, quieren significarnos aunque no lo digan, el pueblo español es inculto y vago, y no quiere decidir sobre cada cosa, sino sólo sobre la etérea ideología general imperante en las decisiones del poder; y que, en definitiva, si la elección es mediante listas cerradas en circunscripción provincial, el representante, en vez de ser una persona, es un partido cuya entera lista cargará solidariamente con las consecuencias de cualquier decepción (1). Pero cuando se va a este tipo de representación limitada, colectiva e ideológica, entonces no pueden establecerse cortapisas ni limitaciones para que cada ciudadano escoja al partido, a la ideología de su real preferencia. Ninguna. Ni siquiera la que sigue a continuación.

La tercera piedra angular es la raíz de la verdadera podredumbre en que se halla sumida la política española. Y no puede imponerse por ley, como las otras dos, porque es manifiestamente ilegal. Sin embargo, la ciudadanía, como consecuencia de la corrupción moral que sufre, tras treinta años de putocracia parlamentaria, la considera algo normal. Se llama “voto útil”, e implica que se vulnera incluso el principio fundamental de permitir la libre elección del partido cuya ideología le parece al ciudadano más oportuna. ¿Y cómo se coarta esa libertad? Pues, en primer lugar, si el ciudadano trata de votar a un partido pequeño, minoritario, haciéndole ver que corre el riesgo de, al no llegar a obtener el 3% de los votos necesarios en una circunscripción para obtener representación —ojo: el representado es el partido, no el ciudadano—, se “desperdiciaría su voto” —eso dicen. Y en segundo, porque los dos partidos mayoritarios (o nacionales) son tan corruptos, actúan de manera tan criminal, que empujan al ciudadano, con tal de evitar que uno cualquiera de ellos (el que más odie) llegue al poder, a sumirse en la putrefacta mecánica del “voto útil”. Comete fraude democrático de voto útil el ciudadano que no vota al partido cuya ideología le parece más apropiada para legislar de acuerdo con sus intereses o sus principios, sino a otro, para evitar que gobierne un tercero. El fraude del voto útil, que los grandes partidos fomentan, consiste entonces en quebrantar la libertad moral del ciudadano de votar a quien desea mediante la triquiñuela de hacerle incurrir en la responsabilidad de tener que elegir entre sus preferencias para el Legislativo y sus consecuencias en el Ejecutivo. Es tratar de poner al ciudadano en la tesitura de hacer la oportuna carambola a cinco bandas para que los partidos, tras el oportuno consenso o pacto de gobierno para la legislatura —el consenso no es un valor democrático, sino oligárquico, y es la cuarta piedra angular de la política tendente a la corrupción generalizada—, acaben por investir a un Presidente del Gobierno concreto, y no a otro. Los partidos cometen también fraude electoral fingiendo que conceden la opción de decidir sobre la investidura de un presidente u otro, porque si fuera eso lo que quisieran hacer, debieran hacerlo dejando votar al ciudadano directamente en las urnas al Presidente, y no tomándole el pelo ofreciéndole un artificio que es como tratar de manejar una marioneta sin tener acceso a los hilos. El voto útil vulnera abiertamente el espíritu y la letra de la Constitución Española de 1978, y quiebra la poca libertad política que ésta otorga a los ciudadanos.

Trataré de ser didáctico, aún a riesgo de ser reiterativo. Supongamos que Juan Español asume no tener un representante político concreto, una persona con nombre y apellidos a la que poder exigir el cumplimiento de sus compromisos electorales y a la que poder exigir la dimisión, y está dispuesto a votar a una lista de partido. Y supongamos que viene a parecerle que el Partido Comunista de España es aquél cuyos “principios éticos” le parecen los más adecuados para su forma de ver la cosa pública, y le gustaría votarles. Pero observa perplejo que, en tal caso, la derecha podría llegar a gobernar... Y acordándose de la Guerra de Irak, del “nunca mais” o del accidente del Yak42 —cuestiones que el propio PCE aventó hasta el aburrimiento en su día, quién iba a decirles que acabaría costándoles perder varios diputados como premio—, quiere evitar que el PP llegue al poder. Como tal deseo prevalece sobre el de que los comunistas lleguen al Legislativo, vota al PSOE, porque puede llegar a gobernar. Evidentemente, en cuanto ha cometido el pecado democrático del “voto útil”, ya está arrepentido. Y mucho más cuanto más avanza la legislatura y ve actuar a Zapatero como el muñeco de Botín.

¿Por qué sucede esto? Porque el sistema español es una “democracia parlamentaria," lo que significa que al Presidente del Gobierno lo eligen las Cortes. Si no fuera así, si el Presidente fuera elegido, como propone la Plataforma para la Modificación del Artículo 99 de la Constitución Española, en una segunda vuelta electoral entre los cabezas de las dos listas más votadas al Legislativo, Juan Español sería libre de votar al PCE en las Legislativas (que funcionarían como una primera vuelta en la elección del Presidente) sin la coacción del “voto útil”, porque tendría la segunda vuelta para poder votar a Zapatero frente a Rajoy. Y dejarían de vulnerarse sus derechos de poder elegir, como mínimo, al partido cuya ideología le parece más apropiada para legislar en las circunstancias del momento.

El voto útil es, además de una práctica ilegal intrínsecamente prohibida por la Constitución, una agresión a los partidos minoritarios y un impedimento anti-democrático que los mayoritarios —PP y PSOE— impulsan y provocan para hacerse con el poder. El mecanismo del voto útil despoja a los partidos minoritarios y a los ciudadanos de sus legítimos derechos a representar y ser representados en las Cortes. Esto explica claro como el agua por qué la política de PP y PSOE no es contentar a sus electores cumpliendo el programa electoral que les prometieron, sino conseguir desquiciar a los electores del partido mayoritario contrincante. Cada vez que Zapatero —lo llama tensión y es, en realidad, fomento de la crispación social— pone alguna Bibiana Aído al frente de un ministerio, por ejemplo, las posibilidades de supervivencia de un partido pequeño menguan considerablemente.

Si se estableciera la mínima y humilde separación de poderes que preconiza la Plataforma Artículo 99, lo más probable es que los españoles tuviéramos un Parlamento tremendamente plural, con diputados de una docena de partidos. PP y PSOE serían mayoritarios, sí; pero con un máximo de unos 100-120 diputados cada uno (por eso jamás tolerarán la reforma del Artículo 99 de la Constitución). El resto, 110-150 diputados, pertenecerían a una decena de partidos. En general, el Parlamento sería ideológicamente de centro-izquierda, como el propio Pueblo Español; y con ese tenor serían redactadas las leyes (por eso jamás Botín tolerará la reforma del Artículo 99 de la Constitución); mientras que el Gobierno sería la mayor parte de las veces de derechas (son mejores gestores), pero gobernaría con las manos atadas, no pudiendo meterle mano a las leyes, sino sólo a su ejecución. En el sistema que preconiza la Plataforma para la Reforma del Artículo 99 de la Constitución Española, ningún Aznar podría llevarnos a ningún Irak.

Ajenos a la asunción de su inconstitucional comportamiento, los partidos descargan la responsabilidad por el anti-democrático voto útil en los propios electores, ya que —dicen— nadie les pone una pistola en el pecho para que voten a uno u otro partido. Pero eso no es cierto: sí que se les pone cuando, por ejemplo, ETA descerraja con cinco tiros la cabeza a Isaías Carrasco, o se vuelan cinco trenes pocos días antes de una consulta electoral. La prueba de que la putrefacción del voto útil es deseada por los partidos mayoritarios, y su práctica intencionada, es que tienen a mano la solución para que el secuestro de la voluntad popular desaparezca, y es la elección de Legislativo y Ejecutivo en urnas separadas. Y no sólo no la implementan, sino que ni siquiera la han mencionado jamás.

MESS


NOTA: (1) Y eso viene a decir que el pueblo piensa supuestamente que todo lo que hagan el socialismo o el conservadurismo está bien, aunque luego el socialista elimine el Impuesto de Patrimonio, o el conservador no toque una coma de la Ley del Aborto, cuando gobiernan. Tamaña barbaridad sólo pueden fingir que se la creen los miembros de las sectas partidarias. Y nadie más.