A diferencia de lo que la mayoría de columnistas expresan hoy, España no acaba de morir sino que lleva pudriéndose desde hace unas cuantas décadas. Y apesta. Por supuesto que apesta. La renovación pactada del Consejo General del Poder Judicial es tan sólo una nueva vaharada del sistema partidocrático refrendado por nuestra sacrosanta Constitución. Porque lo relevante aquí no es que la Carta Magna se cumpla o no, o que los partidos políticos la interpreten de una manera u otra. Lo importante, lo verdaderamente trascendental es que la Constitución, señores periodistas, no es, nunca ha sido democrática.
Todos se mesan las barbas cuando los intereses ideológicos y económicos de sus patronos mediáticos les permiten hacerlo. ¿A qué viene ahora el lamento por la politización de la Justicia? ¿Acaso ha sido alguna vez un poder autónomo, un contrapeso del Ejecutivo de turno? Señores, sin miedo. Adelante. Díganlo, por favor, de una vez. Confiesen eso que ustedes ya sabían y que nunca dicen: el poder Judicial, sus altos representantes son meras comparsas cuyo nombramiento depende del acuerdo de los partidos políticos de la Cámara. Recuerden, si no, el Artículo 122, Apartado 3: «El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión». ¿En realidad son ustedes tan ingenuos? ¿En realidad piensan que todo se arreglaría con la buena voluntad de unos partidos que, de repente, en un arranque de virtud, dejaran sus intereses a un lado e invistieran a personas independientes?
La separación radical de los tres poderes no es un adagio filosófico sino una regla esencial de toda democracia. La única manera de controlar al poder es oponerle otro poder que persiga sus propios intereses. Y para ello no debe depender el uno del otro. La reforma del Judicial resulta tan sencilla que asombra: elecciones restringidas al total de los miembros de la judicatura para elegir a los altos representantes y la potestad de cualquier juez para declarar inconstitucional una ley. Claro que, para ello, haría falta una auténtica Constitución y no la obscena necrológica de Montesquieu que padecemos.
AQUILES
Todos se mesan las barbas cuando los intereses ideológicos y económicos de sus patronos mediáticos les permiten hacerlo. ¿A qué viene ahora el lamento por la politización de la Justicia? ¿Acaso ha sido alguna vez un poder autónomo, un contrapeso del Ejecutivo de turno? Señores, sin miedo. Adelante. Díganlo, por favor, de una vez. Confiesen eso que ustedes ya sabían y que nunca dicen: el poder Judicial, sus altos representantes son meras comparsas cuyo nombramiento depende del acuerdo de los partidos políticos de la Cámara. Recuerden, si no, el Artículo 122, Apartado 3: «El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión». ¿En realidad son ustedes tan ingenuos? ¿En realidad piensan que todo se arreglaría con la buena voluntad de unos partidos que, de repente, en un arranque de virtud, dejaran sus intereses a un lado e invistieran a personas independientes?
La separación radical de los tres poderes no es un adagio filosófico sino una regla esencial de toda democracia. La única manera de controlar al poder es oponerle otro poder que persiga sus propios intereses. Y para ello no debe depender el uno del otro. La reforma del Judicial resulta tan sencilla que asombra: elecciones restringidas al total de los miembros de la judicatura para elegir a los altos representantes y la potestad de cualquier juez para declarar inconstitucional una ley. Claro que, para ello, haría falta una auténtica Constitución y no la obscena necrológica de Montesquieu que padecemos.
AQUILES
3 COMENTARIOS:
¡PLAS, PLAS, PLAS, PLAS....! (Aplauso)
Menos mal que alguien se atreve a decirlo. ¿Hay aún esperanza para España? No creo.
Pienso que contribuye a documentar este debate el artículo de hoy en El Correo de Rafael Iturriaga, especialista en la materia, a mi juicio muy bien escrito y cíñéndose a aspectos muy concretos de la cuestión, sobre todo los relativos al poder judicial.
Un saludo maketo
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20080918/opinion/poderes-relativamente-separados-20080918.html
Sí,sí, mucha vestidura rasgada, pero mucha falsedad implícita. La profesión de periodista está por los suelos... ¡Qué bellacos!
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