Señor Editor:
Aún a riesgo de estar fuera de lugar —no soy una persona con estudios superiores—, voy a expresar mi punto de vista, porque pienso que la democracia es precisamente eso, que mi opinión política sea tan respetable como la de los demás.
He leído la propuesta de la Plataforma Cívica para la Modificación del Artículo 99 de la Constitución Española. Y el artículo de Mess, "LA CORRUPCIÓN ARRANCA DE LAS URNAS". Creo que tienen ustedes toda la razón. Nunca se me había ocurrido pensarlo, pero la verdad es que la
elección del Presidente del Gobierno en España por las Cortes es una autoatribución excesiva por parte de los políticos. Nos tratan como si fuéramos niños incapaces de resolver en una segunda vuelta electoral quién queremos que sea el Presidente. Y podemos hacerlo perfectamente. Tenemos criterio político suficiente para eso. Así que quienes nos retiran esa posibilidad usurpan la voluntad popular.
La confusión entre legislativo y ejecutivo consecuencia de esa usurpación es escandalosa. Que haya personas que pertenezcan a los dos poderes al mismo tiempo es anti~democrático. La independencia de poderes exige que nadie pertenezca a dos simultáneamente. Por eso un juez no puede ser diputado o ministro y seguir ejerciendo como juez. Hay una incompatibilidad legal para eso.
La "segunda vuelta"(1) para investir al Presidente que vota el Congreso está viciada, porque ya no obedece a los intereses de los electores, sino a los de los políticos. Los acuerdos previos a la investidura son un mercadillo de intereses personales que se plasman al final en un acuerdo de legislatura que tiene como objetivo (y los políticos no lo niegan) que ejecutivo y legislativo funcionen como un todo sólido, único. Eso permite que el Gobierno redacte las leyes del Estado, algo anti~democrático, aunque la mayor parte de la ciudadanía no lo sepa.
La última consecuencia es que el poder acumulado de ejecutivo~legislativo hará siempre todo lo necesario para controlar el judicial, tal como sucede en España, donde los cargos del Supremo y del Tribunal Constitucional se reparten mediante cuotas partidarias. Cuando un estado funciona con esa unidad de poder, ejecutivo~legislativo~judicial ese estado es totalitario y tenderá a regular sin freno la vida de sus ciudadanos. Aunque cada cuatro años el pueblo acuda a las urnas a decidir cómo será la distribución del poder de ese estado totalitario.
Gracias por seguir en la brecha, Ácratas.
PEDRO SÁNCHEZ CARRASQUERO
NOTA DEL EDITOR: Eres el primero que califica de segunda vuelta sui generis el cambalache de la investidura del Presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados. Aunque sea entrecomillado, es cierto que se trata de una segunda vuelta en la que los que votan sonl os electos en vez de los electores. Gracias por tu acertadísima aportación conceptual.
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2 COMENTARIOS:
Pues como no soy ni pretendo ser original, digo lo del editor: magnífica su aportación al concepto de "segunda vuelta sui géneris" en las elecciones de nuestra no menos "magnífica" democracia.
Segunda vuelta en que ahora los elegidos (eso si, por el dedazo todopoderoso de quien confecciona las listas, no de los engañados votantes que creen elegir algo), se convierten en Grandes Electores, cual colegio cardenalicio que grita, "habemus Presidente", tras la fumata blanca de los pasteleos, cambalaches y componendas partidarias de rigor.
Y pese a ello, los sufridos españolitos, cada vez menos, siguen creyendo que votan y eligen....
¡Manda güevos.....!
Saludos don Pedro.
En efecto, Patalete. La segunda vuelta está viciada. No son ni siquiera esos diputados electos los que eligen al Presidente, sino los jefes del partido, que los tienen agarrados mediante el mandato imperativo que prohíbe la Constitución.
¿La prueba de lo que digo? Pues es evidente: cuando algún diputado no vota en la investidura EXACTAMENTE lo que le dictan los jefes del partido, son llamados TRÁNSFUGAS. Y expulsados de las filas a continuación. De hecho, para esos "transfugas" ha llegado a pedirse que perdieran su carta de diputado a petición de su partido... ¿Quién está, pues, representado en el Congreso y el Senado? ¿Los ciudadanos? ¿O los partidos?
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