Los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, "Los Albertos”, obtuvieron con el negocio cuatro mil millones de pesetas de beneficio. Tiempo después, se les persiguió penalmente por estafa y falsedad mercantil. Resultaron condenados por el Tribunal Supremo, pero el Tribunal Constitucional los absolvió en beneficio del sagrado principio de seguridad jurídica: los delitos habían prescrito. No importa que le interpretación de la prescripción que realiza el alto tribunal haya sido contestada y considerada aberrante. El criterio “supremo” es el que prevalece. Cosa juzgada. "Los Albertos” pueden disfrutar de sus consolidadas ganancias.Caso Botín. Se inicia procedimiento penal por medio de la acción popular en el caso de las cesiones de crédito. No se llega a la apertura del juicio oral, porque no hay acusación del fiscal. El caso queda archivado. No importa que algunos de los magistrados del T.S. consideren un atentado contra la esencia del derecho, o que “conduce al absurdo” esta actuación que exonera al banquero porque no fue acusado ni por el fiscal ni por los perjudicados. El “partido” fue disputado por los Magistrados del alto tribunal. Don Emilio absuelto con nueve votos a favor y cinco en contra; “goleada”. Caso resuelto y cerrado.
Delincuente condenado a dos años de prisión por robo sacrílego de imagen en el interior de un templo. Permanece varios años sin cumplir la pena impuesta. En éste tiempo se reintegra a la sociedad, se casa, tiene una hija, se convierte en un trabajador ejemplar que incluso es ascendido en su empresa. Hace pocos días la inexorable justicia por fin lo ha detenido e ingresado en prisión. No importa que su esposa e hija pequeña, dependientes económicamente de él, tengan ahora acuciantes problemas de subsistencia, primero es la justicia. “Dura lex, sed lex”.
Así pues, la ciudadanía puede respirar tranquila, las leyes y sentencias se cumplen; nuestra justicia sigue funcionando independiente e igual para todos. Aunque según algunos malintencionados, resulte más “igual” para los “hunos” que para los “hotros”, como diría Unamuno.
3 COMENTARIOS:
Muchas gracias por tu participación, Patalete. Y el dedo, en la llaga, que es donde duele.
¡Mierda país!
¿Qué son las ‘cesiones de crédito’?
Es una modalidad de inversión, desarrollada por el grupo Santader, mediante la cual el banco traspasa a una tercera persona el riesgo de un crédito contraído con una empresa, sin que se practicaran, en la mayoría de los casos, retenciones a los rendimientos. De esta forma, ofrecía la posibilidad de eludir el pago de las retenciones a Hacienda equivalentes al 25% del capital invertido.
¿Cuándo se produjeron los hechos?
Entre 1987 y 1991, durante el periodo en que el grupo Santander comercializó este producto. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha señalado que sólo se juzgarán los delitos ocurridos durante 1989 ya que el resto del tiempo " sólo cabe hablar de un encubrimiento atípico, consecuencias administrativas, pero no penales".
¿Quiénes son los acusados?
El presidente del SCH, Emilio Botín, el ex jefe de la Asesoría Jurídica José Ignacio Uclés, el antiguo consejero Rodrigo Echenique, y el ex jefe central contable Ricardo Alonso Clavel.
¿Cuál es motivo de la acusación?
Las miles de operaciones realizadas por el banco con este producto, que reportaron a la entidad unos 430.000 millones de pesetas, supusieron un perjuicio a Hacienda estimado en 145.120 millones de pesetas. Aunque esta deuda fue saldada por el banco, se descubrieron irregularidades en 9.566 de estas operaciones, consistentes en el cambio de titularidad del cliente con el objetivo de ‘encubrirles’ frente a Hacienda. Por este motivo, no sólo los clientes están incurriendo en un delito fiscal, sino también el banco en cuestión.
El proceso
• En abril de 1997, el fiscal Jesús Santos elabora un informe que demuestra que el Santander ha ocultado la titularidad de los suscriptores, mediante identidades falsas o de personas fallecidas. El fiscal propone imputar a Botín, Echenique y toda la comisión ejecutiva del banco. En Junio, el caso es asumido por el fiscal jefe Eduardo Fungairiño, quien decide retirar la acusación.
Gracias "anónimo". Así el artículo queda mucho mas explícito y claro. Al ser publicado en el Diario del MCRC, no podía ser mas extenso.
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