20N: Razones para no votar Justificación totalitaria

Hasta la Segunda Guerra Mundial, el sistema parlamentario estuvo amenazado por el riesgo de participación electoral de las mujeres, los jóvenes y los no propietarios. La política era negocio de ricos. Las clases dominantes propagaban argumentos en favor del voto censitario. Creían que el sufragio universal daría mayorías políticas a las mayorías sociales y conduciría a un gobierno de los pobres. Había que disuadir a las masas de participar en el intrincado juego del poder. Pero cuando se reconoce el derecho de sufragio universal, se invierte la situación. Lo que hoy amenaza al sistema político es la no participación masiva en las elecciones. Las ideas en esta materia son verdaderos anatemas contra la abstención. La propaganda de partido persuade a las masas de que no votar es un acto de barbarie. Algunos países hacen obligatorio el voto. La Iglesia y el Estado se unen aquí con un mismo mensaje: votar es un deber cívico y abstenerse, una irresponsabilidad moral. ¿Qué puede explicar algo tan raro como esta violenta reconversión ideológica de un derecho en un deber, de un tema político en un asunto moral o civil? Encontraremos la respuesta a este pregunta si miramos de cerca quién tiene el poder en el moderno Estado de partidos y lo comparamos con quién lo tenía en el viejo Estado parlamentario.

Antes, la soberanía ficticia residía en la nación y la soberanía real en la mayoría de sus representantes reunidos en asamblea, en virtud del golpe constitucional que dió el poder legislativo, cuando se apoderó del poder ejecutivo y del judicial a la muerte de Luis XVI. La legitimación de este Estado representativo radicaba, pués, en el derecho de los representados a elegir a «sus» representantes. El voto era la manifestación de ese derecho político. Pero en el Estado de partidos, la cuestión del poder cambia de naturaleza y de legitimación. La soberanía ficticia reside en el pueblo y la soberanía real en los comités ejecutivos de los partidos, en virtud del golpe de mano constitucional de unos pocos hombres de partido (Adenauer, De Gasperi) que, apoyados en las fuerzas de ocupación, se apoderaron de «toda» la voluntad estatal del fenecido Estado de partido único. El Estado de la postguerra deja, así, de ser representativo de la sociedad. Su legitimación queda resuelta con un ardid electoral y con una teoría reaccionaria. El ardid está en el refrendo plebiscitario que la sociedad «debe» prestar a las listas de candidatos sujetos a la disciplina de los «aparatos» de partido. El voto manifiesta el cumplimiento de ese deber social. La teoría justifica el secuestro de la voluntad estatal por los partidos porque sólo ellos pueden procurar la identificación de la sociedad civil con la política. Es necesario, para esto, que el acto de votar sea civil o cívicamente obligatorio. ¡Una justificación totalitaria! El antiguo Estado parlamentario no era democrático. Le faltaba, para serlo, el sufragio universal y la división de poderes. Pero era liberal por ser representativo.

El actual Estado de partidos no es democrático ni liberal. Le falta todo para ello: un régimen electoral representativo de la sociedad civil y una efectiva división de los poderes del Estado. Lo único que tiene de civilizado, las libertades y el sufragio universal, no es utilizado para fundamentar el poder político. Sólo sirve para refrendar el poder constituido y cambiar, a lo sumo, su distribución interna entre los partidos. Ante esta situación, que nadie de buena fe intelectual puede negar y que era conocida cuando se inició la transición española, la actitud de los demócratas tiene que ser clara y contundente: abstenerse de votar mientras el voto sea considerado como un deber cívico y no como un derecho político. No importa tanto el porcentaje que se alcance como la conciencia política y moral de la abstención. Porque no se trata de conseguir, con ella, un rechazo de los partidos, que son inherentes a la libertad de asociación, sino de ponerlos en su sitio: sacarlos del Estado y devolverlos al seno de la sociedad. Mientras no se logre este objetivo prioritario, con la reforma del sistema electoral y de la Constitución, ninguno de los riesgos de opresión, incompetencia y corrupción que produce una sociedad política estatalizada, podrán ser afrontados con posibilidades de superación. Lo mejor que pueden ofrecer los partidos «estatales» es arbitrismo tecnocrático: administrar personas como si fueran cosas.

ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO FORTE
(Artículo publicado en El Mundo el 3/06/1993)

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