Es frecuente oír entre los partidarios del sistema de Gobierno por monarquía el argumento de que entregado el Poder al pueblo éste, más que gozar de los derechos que en justicia reconocen le pertenecen, se entregaría a excesos que no podrían tener más resultado que la desaparición de la sociedad tal como hoy en día se encuentra organizada. Aparte de que no vemos en la organización social de estos tiempos, considerada como un todo y quizás refiriéndonos «in mente» a determinados casos concretos que no creemos necesario mencionar, nada que nos hiciera lamentar su desaparición, repetidamente la historia se encarga de mostrarnos que es, por el contrario, en los Estados de régimen monárquico en donde los temidos excesos se cometen, tanto más de temer cuanto que son deliberados y ejecutados fríamente y no pueden en ningún momento ser comparados con los que pretenden cargar en la cuenta de las democracias ya que, por muy terribles que estos últimos hayan sido juzgados con un criterio subjetivo, no han pasado nunca de ser desvaríos momentáneos, virulencias del cuerpo social que elimina o se defiende contra las toxinas que impiden su desarrollo normal. Buena prueba de ello es el hecho de que, históricamente, jamás una democracia ha impedido o retrasado el progreso de la humanidad. ¿Podría decirse lo mismo por lo que se refiere a las monarquías?Desde los primeros tiempos el Gobierno natural de los pueblos ha sido la democracia; pero sin profundizar demasiado en la historia recordemos que fueron las democracias de Atenas y Roma las que hicieron grandes a estos pueblos. Es evidente que en ambas se cometieron excesos: ¿qué mayor iniquidad, por ejemplo, que la cometida en Atenas con la sentencia de muerte contra Sócrates? Si a los atenienses se les fuera a juzgar por este hecho, habría que reconocer que fueron los jueces más necios del mundo; pero el pueblo ateniense supo arrepentirse honrosamente; así, después de muerto Sócrates, el erige el templo «Socrateión».
Sin embargo, si volvemos los ojos hacia la en aquellas edades monárquica, Macedonia, no vemos más que un tejido de acontecimientos crueles sin ningún síntoma de arrepentimiento. Ptolomeo, tío de Alejandro el Grande, asesina a su hermano Alejandro para usurparle el reino. Olimpias manda quemar a fuego lento a la reina Cleopatra. Filipo, nieto de Antígono, envenena a Demetrio… Pero estas crueldades son famosas en la Historia para que haya necesidad de insistir sobre ellas. Y obsérvese la diferencia: los atenienses, juzgaban; los tiranos macedonios, ordenaban.
Ordinariamente no es posible, repetimos, comparar los crímenes de los poderosos, que nacen de la ambición, con los crímenes que comete un pueblo con el propósito de alcanzar la libertad. Los sentimientos de libertad e igualdad no conducen por un camino recto ni a la calumnia ni al asesinato, pero la sed de ambición y rabia del Poder precipitan a los hombres en esos horrores.
El Gobierno popular es, por su misma esencia, menos inicuo y abominable que el poder aristocrático; no son vicio de la democracia la tiranía ni la crueldad; hubo republicanos que cometieron violencias; pero no fueron impulsados a ellas por el espíritu republicano, sino por su propia naturaleza.
La democracia habrá cometido faltas, pero nunca conoció instituciones como la Inquisición, matanzas como la de la noche de San Bartolomé, ni persecuciones como las de los «black and tan» en Irlanda.
Nada hay tan insoportable para la naturaleza humana consciente, como estar sometida a leyes arbitrarias, en cuanto arbitrariedad supone imposición, independientemente de las ventajas o desventajas que represente la creación de tales normas. Por eso lo ideal sería que en todo caso la ley representase la suma de las voluntades de aquellos que han de cumplirla.
En un Estado en que las leyes estuviesen constituidas de tal modo, serían cumplidas por los ciudadanos, no por temor al castigo, sino para conseguir el bien que su cumplimiento significaría y es evidente que el Gobierno por voluntad popular, solamente es posible en una República, hasta hoy, la forma más perfecta de democracia.
CARLOS DAFONTE SÁNCHEZ
«El Presidencialista», abril de 1928.
